La audiencia judicial programada para este 29 de mayo a las 10:00 horas en la Ciudad de México, donde la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debía comparecer tras la denuncia interpuesta por el senador Javier Corral, fue diferida por la jueza de control. La nueva fecha para el proceso se fijó para el próximo 2 de junio a las 9:45 de la mañana.
El equipo legal de la mandataria informó que la causa del aplazamiento fue la inasistencia de Javier Corral, quien justificó su ausencia argumentando compromisos derivados de sus tareas legislativas actuales. Los abogados de la gobernadora advirtieron que, de no presentarse el senador en la fecha reprogramada, la denuncia podría quedar sin materia legal.
La disputa legal se remonta al 14 de agosto de 2024, cuando elementos de la policía estatal de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral en un restaurante de la Colonia Roma. Tras la fallida detención, el senador denunció a Campos por presunto secuestro y detención arbitraria.
El abogado Roberto Gil Zuarth, integrante del equipo legal de la gobernadora, detalló que Javier Corral buscó trasladar la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). Esta solicitud fue rechazada por la dependencia. El litigante afirmó que la pretensión de atraer el caso a la FGR buscaba un trato favorable por parte de funcionarios federales.
La gobernadora Maru Campos ha calificado este proceso como una «persecución política». Según la defensa, la denuncia presentada por Corral ya había sido cerrada anteriormente, por lo que el reactivarla constituye una forma de hostigamiento judicial contra la funcionaria estatal.
El 26 de mayo pasado, Campos recibió formalmente el citatorio de la Fiscalía de la Ciudad de México. El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de las actuaciones de las fiscalías estatales frente a figuras con fuero legislativo.
El desenlace de la audiencia del 2 de junio será determinante para el curso de esta investigación. De confirmarse la ausencia del denunciante, el proceso enfrentaría un obstáculo procesal significativo que podría derivar en el sobreseimiento de la denuncia por secuestro.