Por Bruno Cortés
La acusación estadounidense contra Rubén Rocha Moya no sólo abrió una crisis judicial. También exhibió una herida más profunda: demasiados mexicanos quieren defender al país de cualquier intromisión extranjera, pero ya no están seguros de que la justicia nacional funcione cuando el poder aparece en el expediente.
El meme es fácil de imaginar: el Tío Sam parado en la puerta con una escoba, mirando una casa que lleva años acumulando polvo debajo de la alfombra. No hace falta celebrar la visita. Tampoco hace falta creer que Washington viene a salvar a nadie. El problema es más incómodo: la escena resulta verosímil porque demasiados ciudadanos sospechan que la limpieza local se suspendió hace mucho tiempo por instrucciones superiores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. La acusación sostiene que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa y, de manera particular, con la facción de Los Chapitos. La imputación incluye señalamientos delicados sobre protección institucional, filtración de información y apoyo político. Son acusaciones que deberán probarse ante los tribunales. No son una condena. Pero tampoco son una conversación de sobremesa.
Rocha pidió licencia temporal mientras avanzan las investigaciones mexicanas. El Congreso local autorizó su separación y nombró a una gobernadora interina. El movimiento fue presentado como un gesto republicano para facilitar el trabajo de las autoridades. Bien. Era lo mínimo políticamente exigible. La licencia no resuelve el expediente, pero evita que la oficina del gobernador parezca sala de espera de una defensa penal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido una posición jurídicamente atendible: no encubrir a nadie, exigir pruebas contundentes y rechazar cualquier intromisión extranjera. También ha sostenido que la soberanía nacional no está en negociación. En términos constitucionales, tiene razón. México no puede aceptar que un gobierno extranjero decida, por sí solo, quién es culpable, quién debe caer y quién puede operar dentro del territorio nacional.
El problema es que la discusión dejó de ser exclusivamente jurídica. Ahora es una batalla por la credibilidad.
Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio encontró que el 62% de las personas consultadas considera creíbles las acusaciones contra Rocha Moya. El dato más revelador no termina ahí: el 63% cree que las autoridades mexicanas deben investigarlo, pero más del 60% también respalda que enfrente a la justicia estadounidense. No es amor por la intervención. Es una contradicción dolorosa: la gente quiere que México se haga respetar, pero sospecha que aquí el expediente puede recibir un café, una palmada burocrática y una siesta indefinida.
Ahí está la verdadera crisis: una disonancia cognitiva institucional.
El ciudadano común no pasa la tarde comparando reglas de extradición ni estudiando las atribuciones de una fiscalía federal en Nueva York. Tampoco necesita convertirse en especialista en cooperación bilateral. Su razonamiento es más directo: si las autoridades mexicanas tenían elementos, ¿por qué no actuaron antes? Y si no los tenían, ¿por qué la acusación extranjera parece encontrar terreno fértil con tanta facilidad?
Donald Trump ya entendió el valor político de ese vacío. Su frase fue diseñada para entrar sin pedir permiso: “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”. No se trata solamente de una amenaza en materia de seguridad. También es una operación narrativa. Washington intenta ocupar el espacio que deja libre cada fiscalía mexicana que tarda demasiado, cada investigación que se enfría misteriosamente y cada discurso oficial que confunde la defensa de la soberanía con la defensa automática de los señalados.
México no debe caer en la trampa de elegir entre dos extremos igualmente peligrosos. Uno consiste en aplaudir cualquier intervención extranjera como si el Pentágono fuera una contraloría con uniforme. El otro consiste en envolver cada acusación en la bandera nacional y esperar que el lábaro patrio funcione como papel carbón para borrar nombres del expediente.
La soberanía no es un programa de protección de testigos para la clase política.
Defenderla exige algo más difícil que dar discursos: investigar con autonomía, presentar resultados verificables, explicar plazos, transparentar decisiones y separar la lealtad partidista de la responsabilidad institucional. La mejor respuesta frente a Washington no es un micrófono más grande. Es una justicia mexicana que llegue antes, que llegue completa y que no se retire discretamente por la puerta trasera cuando reconoce un apellido importante.
En el ruido digital aparecerán bots, consignas, exageraciones y patriotas de ocasión. Unos pedirán intervenciones extranjeras como quien solicita una patrulla por aplicación. Otros dirán que cualquier pregunta incómoda es traición a la patria. El centro democrático no puede quedar atrapado entre la escoba imperial y la alfombra oficialista.
La casa debe limpiarse aquí. Con leyes mexicanas. Con pruebas. Con debido proceso. Y con instituciones que no necesiten esperar una acusación extranjera para recordar que también tienen trabajo.